Con la autoridad en contra

Imagínense una localidad en la que se producen numerosos robos. El índice de robos es tan alto que la ciudad se sitúa en el primer puesto del ranking de denuncias por este delito. Imagínense que ante esa tesitura, para reducir el número de hurtos, el Ayuntamiento de la ciudad, en lugar de aumentar las dotaciones policiales para tratar de atajar el número de delitos, aprobara una medida por la cuál las denuncias de robo que no acabaran con la condena del sospechoso se traducirían por una multa al denunciante. Efectivamente, bajaría el número de denuncias y la ciudad seguramente ya no sería la que más denuncias de ese tipo tendría, pero no por ello sus habitantes dejarían de padecer el mismo número de robos. Seguramente incluso el número aumentaría, porque los ladrones sabrían que los robados se pensarían dos veces denunciarlos.

Pues ahora dejen de imaginar. Valencia, una ciudad que el pasado 2003 ostentaba el lujoso honor de ser la ciudad española con mayor contaminación acústica, en la que el 86% de sus habitantes soportan ruidos por encima de lo permitido, el Ayuntamiento de Rita Barberá va a aprobar hoy una ordenanza del ruido en la que, además de eximir de cumplirla a la Fórmula 1 -ya saben el poco ruido que hacen sus coches- y a otros trece eventos y festividades, incluye un apartado que apunta que, en caso de cursarse una denuncia por ruido y no poder demostrarse el delito en cuanto se produzca la inspección, será el denunciante el que tenga que hacer frente a los gastos de la inspección. ¿Denunciaría usted al vecino que está de fiesta hasta las tantas ante la posibilidad de que cuando llegue la inspección minutos más tarde casualmente haya acabado el escándalo? ¿A los chavales que están chillando en un banco del parque que en cualquier momento pueden escampar? ¿A la obra que está armando un escándalo ante la posibilidad de que cese en cualquier momento? ¿Creen que descenderá el número de denuncias por ruido? ¿Habrá más impunidad para saltarse las leyes? Pues eso. Así se gobierna en Valencia: contra el ciudadano honrado.